Las
fuerzas del mercado son cada día más fuertes. La misma globalización y la
tecnología hacen que muchas veces prohibir sea dar inicio a un nuevo mercado o
a un nuevo emprendimiento. Es mejor no prohibir, sino regular bajo estándares
lógicos y obviamente bajo todo el rigor de la supervisión del Estado.
Durante
los últimos años hemos visto en Colombia una corriente que tiene algo de
ambientalista, mucho de izquierda y muchísimo de populista, en la cual se ha
denigrado de la minería y en general de la explotación de los recursos
naturales. Sin quererlo, han logrado todo lo contrario. El medio ambiente esta
más desprotegido y al mismo tiempo el Estado ha dejado de recibir grandes sumas
de dinero para su desarrollo.
Lo
primero que tenemos que entender es que Colombia es un país rico en recursos
naturales, recursos que al tener prohibida su explotación legal tienen una gran
probabilidad de ser explotados ilegalmente. Esta si, sin controles y tecnología,
terminará acabando el ecosistema, generará tragedias por falta de tecnología y
no dejará recursos al Estado. Lo anterior sin hablar de la creación de mercado
negro, mafias y grupos ilegales.
En
el tema minero energético lo que debe hacer el gobierno es explotar los
recursos naturales con los que saben y abrir licitaciones transparentes con
todas las de la ley, poniéndoles una muy buena supervisión -que es la verdadera
función del estado- para que protejan el medio ambiente, pero a su vez generen
desarrollo en las regiones, empleo, impuestos y, por sobre todo, eviten la
ilegalidad.
La
votación en Cajamarca la semana pasada apoyada por los ambientalistas y la
izquierda, terminará dejando sin desarrollo al municipio. Seguro ahora llegará
la minería ilegal y acabará el ecosistema etc. Ese oro alguien lo va a sacar
legal o ilegalmente.
En
el caso de Uber pasa algo similar. Es muy difícil parar un buen servicio, por
eso es importantísimo regularlo y que se pueda supervisar. En lo que estamos
hoy es que es prohibido, pero las autoridades se hacen los de las gafas y opera
con relativa tranquilidad.
No
me cabe la menor duda que las últimas catástrofes naturales que ha sufrido el
país, como la sucedida este fin de semana en Mocoa, tienen mucho de esto. La
deforestación y la erosión -que son los factores que generan en las partes
altas de los ríos las avalanchas- son el resultado de una baja supervisión, de
la proliferación de cultivos ilícitos por la no aspersión aérea, de la
agricultura artesanal, las quemas mal manejadas y de la minería ilegal.
El
Putumayo -departamento limítrofe con Ecuador- ha sufrido mucho por esta falta
de supervisión y cercanía al gobierno central. Es el departamento con más
cultivos ilegales, fue donde primero se paró la aspersión aérea a pedido del
vecino y además los mayores perjudicados con la pirámide de DMG. La falta de
oportunidades y de trabajo digno hace que busquen el dinero fácil en la
ilegalidad.
Desafortunadamente,
el gobierno Santos está secuestrado en muchos de estos temas con el mal llamado
proceso de paz. La satanización de la minería, las multinacionales, la
aspersión aérea y la agroindustria fueron temas que se firmaron sin mirar las
consecuencias económicas y sociales de estas.
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