Así
como dicen los entendidos que la política es dinámica y que por eso se dan
alianzas que parecen inverosímiles, en la economía ocurre algo similar. Los
analistas y las calificadoras de riesgo van mutando y dejan de mirar cifras que
antes se consideraban muy relevantes para hacer sus análisis con otros datos
que miden aspectos diferentes a los tradicionales.
Sin
embargo, a mi modo de ver hay cifras que siempre serán relevantes. Un claro
ejemplo de esto, que nos permite no solamente mirar la sanidad económica de un
país, sino también la de una compañía, una empresa o de las personas naturales
es el endeudamiento.
Obviamente
el solo endeudamiento no dice nada. Es importante mirar si este es a largo o a
corto plazo, si es pago al final o tiene pagos periódicos, qué cobertura
natural tiene respecto a la indexación que tenga, en qué moneda está y también si
existen recursos o ingresos suficientes para su pago.
A
principios de siglo, la cifra total de endeudamiento como porcentaje del PIB
era tal vez el dato al que más se le hacía seguimiento en los países
emergentes. Argentina y Brasil vivieron una época muy difícil cuando este
indicador llegó cerca al 50%; el primero termino en corralito y default,
mientras los bonos en dólares del segundo registraron desvalorizaciones de más
del 30% en su precio.
Esa
época para los colombianos no fue color de rosa. De hecho, en el 2002 los
títulos de deuda pública interna y externa fueron muy golpeados por los mercados
al extremo que había días en que no se conseguía comprador, las
desvalorizaciones fueron grandes y las pérdidas para sus tenedores
considerables -y eso que nuestro endeudamiento era apenas superior al 40% como
porcentaje del PIB-. Del 2002 hasta el 2010, debido a la revaluación del peso y
a unas tasas buenas de crecimiento económico, se logró bajar ese endeudamiento
a niveles del 30%.
A
partir del 2010, aprovechando el precio de los commodities y la bonanza petrolera, el país se endeudó más de la cuenta
y esto se ve reflejado en las cifras del Ministerio de Hacienda a abril del
2017:
Como
vemos en el cuadro anterior, la deuda total como porcentaje del PIB está en
42,7% con unos agravantes. El primero de ellos es que el PIB proyectado del
gobierno difícilmente se va cumplir. Mientras el gobierno habla de tasas de
crecimiento en el 2017 al 2,3%, con los resultados del primer trimestre la
cifra puede estar más cercana al 1.5%. Adicionalmente, cuando se mira más de
cerca los números se encuentra que hay partidas que, aunque son deuda, no están
consideradas así por el gobierno central y que cambian la foto del endeudamiento
ostensiblemente; las más relevantes son las vigencias futuras y las sentencias
judiciales contra el Estado.
Las
vigencias futuras son autorizaciones otorgadas para la asunción de obligaciones
con cargo a presupuestos de vigencias posteriores y se clasifican en ordinarias
y excepcionales. Esto quiere decir que son compromisos de gastos o inversión
que asume el gobierno de turno para pagar en el futuro y, por lo tanto, es una
deuda y se debería catalogar como tal. Independientemente que sea un buen o mal
mecanismo para hacer planeación a largo plazo, estas vigencias futuras terminan
impactando los presupuestos futuros. Los datos al 2017 hablan de vigencias
futuras por más de 89 billones de pesos.
Las
que en el mercado se llaman sentencias judiciales, son demandas que personas
han interpuesto contra el Estado y que un juez de la República ha sancionado en
contra de este. Para esto, las entidades demandadas han creado procedimientos
de pago diferentes; en el presupuesto general de la nación ese rubro está
contenido dentro de los gastos del año marcado como gasto, pero a mi modo de
ver sigue siendo una deuda. Para hacerse una idea de la magnitud, los analistas
hablan de montos muy grandes -por encima de los 10 billones de pesos- y sube
día a día.
Teniendo
en cuenta lo anterior la realidad de nuestra deuda pública es otra. Así se
vería la foto sin retocar:
Como
se ve, la situación del país es diferente. No digo que estemos cerca de un
default, pero sí debemos ser conscientes y reducir el gasto para hacer más
sostenible al Estado. Eso sin contar que existe una preocupación por la
tendencia alcista que ha venido teniendo la deuda.
Definitivamente
la historia nos ha repetido muchas veces que los gobiernos impopulares terminan
gastando más recursos de los que deben. Bien sea en publicidad para aceitar los
medios o a través de cupos indicativos para los congresistas; al parecer todo
tiene precio. Mejor dicho, el cariño se compra.
